¿Recuerdan ¿por qué? y ¿por qué no cuadra?”?
El juez Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, es bien conocido, como son bien conocidas sus tendencias sociopolíticas, que no ha ocultado nunca. Suele tildársele de “juez estrella” y, desde luego, lo es. Se han metido muchas veces con su forma de instruir las causas, pero lo que nadie podrá negarle es su independencia (la emprende contra tirios y troyanos) ni su valentía.
La jueza Gema Gallego, titular del Juzgado de Instrucción n.º 35 de Madrid, no es “jueza estrella” (no he encontrado una sola foto de ella) ni es conocida por el público en general. Al parecer es una más.
Pues bien, para sorpresa de quien escribe esto (o sea, yo), el famoso magistrado de la Audiencia Nacional imputó a los tres peritos que firmaron el primer informe de los posts anteriores por un delito de falsedad en documento oficial. Además, no halló indicio de que los superiores jerárquicos de los peritos estuviesen implicados en la presunta manipulación. El magistrado consideraba que el funcionario Ramírez pidió a uno de los peritos que reelaborase el borrador presentado por “extralimitarse de lo que se les había solicitado”. Se ve que los peritos se negaron a hacerlo y el propio funcionario Ramírez se reasignó el caso a sí mismo, lo cual “estaba dentro de sus competencias como jefe de sección” y remitió su informe el 22 de marzo de 2005 a la Comisaría General de Información.
Yo supongo que, si los peritos se hubiesen negado a cumplir una orden que tuviesen que cumplir, el “paquete” que les hubiese caído, con la ley en la mano, hubiese sido de antología, es lo normal. Sin embargo, lo que hizo su jefe fue “reasignarse a sí mismo el caso”… Y, con todos los respetos, eso es muy raro, lo diga Garzón o lo diga la Santísima Virgen de Fátima: un escrito que se eleva a un superior ha de ser “informado” por éste, quien, a su vez, lo manda a donde crea conveniente. Esa “información” puede perfectamente valorar el escrito: para eso es. Lo que no vale, dígalo quien lo diga, es utilizar el “cortar y pegar”, cuando también estaba en su mano redactar un escrito suyo que diera la información recibida de los peritos y firmada por él mismo.
En fin, ahora, la instructora del caso opta exactamente por lo contrario: imputa por un presunto delito de falsedad documental al comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano (a la izquierda), por la supuesta alteración de un informe elaborado por tres peritos químicos en el que se relacionaba a ETA con el 11-M, y mantiene como imputado a Francisco Ramírez (a la derecha), jefe de los tres peritos que hicieron el informe sobre el ácido bórico. Además de Ramírez, jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, ya ha declarado ante la juez -también como imputado- el secretario general de la Comisaría General de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida, quien dice que el contenido de las observaciones del informe no era propio de un informe pericial, cosa que, en sí, es perfectamente asumible, aunque no la forma de corregir ese pequeño detalle.
Por su parte, según cnn +, la Abogacía del Estado acaba de solicitar la nulidad de las actuaciones de la jueza Gallego, después de que esta impidiera que la abogada del Estado estuviera presente en la toma de declaración a un imputado: “se está negando a que esta parte tenga acceso a las actuaciones, así como su participación en las diligencias de instrucción que se han llevado a cabo tras su personación, con la única explicación de que ‘las mismas han sido declaradas secretas’”.
En mi humilde opinión (evidentemente humilde porque no soy jurista ni dipongo de la información de la que disponen incluso los periodistas), según lo que hemos podido conocer del asunto, que yo resumía en mis posts anteriores, la jueza del de Instrucción n.º 35 de Madrid tiene razón. Aunque se haya aceptado su “personación en la causa”, no entiendo qué pinta la Abogacía del Estado ante un presunto delito cometido por funcionarios. Tengo la sensación de que la “Administración” tiene un marcado interés por conseguir que “triunfe” la “versión Garzón” ya en la instrucción.
Todo el mundo sabe que la instrucción de una causa es un mero paso previo para el juicio, en el que no interviene el instructor. Es decir, que las opiniones del instructor son, por supuesto, cualificadas, pero no prejuzgan el resultado. Sin embargo, unas posturas judiciales tan radicalmente opuestas dejan a eso que, a falta de denominación más oportuna, suele llamarse “opinión pública” un tanto despistada: ¿cómo es que dos jueces, con una formación similar, con la misma legislación en la mano y con la misma información sobre un caso, pueden llegar a conclusiones diametralmente opuestas?
En todo caso y sin conspiranoia de ninguna especie por mi parte, en este suceso hay multitud de cosas raras. Ya veremos en qué para todo este asunto. Mientras tanto, ¿me permitirán que dude un poco del funcionamiento del entramado policíaco-judicial? ¿Acaso, con el paso de los años, la venda de la señora no habrá quedado un poco traslúcida?
