Hace ya tiempo que hablamos aquí y aquí del asunto. Ahora ha hablado el Tribunal Supremo. Los periódicos (El País, El Mundo, El Periódico de Catalunya, 20 minutos, por ejemplo) hablan de la decisión (ya que todavía no conocemos la sentencia) y cada cual “interpreta” la decisión arrimando el ascua a su sardina, según las tendencias, opiniones, ideas, iedologías, confesiones, etcétera.

El hecho es que la asignatura de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos es, sin el menor atisbo de duda, una asignatura del currículo del último ciclo de la Educación Primaria y de toda la Secundaria. Y es una asignatura obligatoria (como no podía ser de otro modo) y que, según el derecho español, no puede considerarse “objetable”.

Me parece saludable que el Tribunal Supremo haya decidido con independencia de las opiniones, sean partidarias, episcopales o individuales. Lo que apuntan algunos acerca de que los votos particulares emitidos por algunos magistrados indican que “la cosa no está tan clara” es una simple estupidez, porque esas opiniones cualificadas, que pueden permitirse los miembros de un tribunal, no limitan en absoluto la validez de las sentencias.

Por supuesto, y en contra de lo que han dado a entender el Ministro de Justicia y la Ministra de Educación, seguiremos soportando la pelea de los contrarios a la asignatura, puesto que ya han dicho que recurrirán al “tribunal supremísimo” (el Constitucional) y al de Derechos Humanos de Estrasburgo. Tienen derecho… ya veremos.

Con todo, en mi opinión, el daño está hecho. Todo el follón montado ha impedido un debate serio, profundo, pedagógico y filosófico del planteamiento de la asignatura y, para colmo, ha polarizado las opiniones por donde (en la mía) nunca debieran haberse polarizado, algo así como en una batalla de supercatólicos contra escépticos, y eso con el insultante esperpento añadido (desde el punto de vista educativo) de la impartición en inglés de la Comunidad Valenciana. Al final, los más afectados: los alumnos.

La ilustración es de El País.